El Congreso del Estado de Quintana Roo analiza actualmente dos iniciativas legislativas fundamentales orientadas a la modernización administrativa y el fortalecimiento educativo: la transición hacia energías limpias en edificios públicos y la obligatoriedad de la educación financiera en todos los niveles escolares. Estos proyectos, impulsados por la diputada María José Osorio Rosas, buscan reducir la carga del sistema eléctrico estatal y dotar a las nuevas generaciones de herramientas para la gestión responsable de sus recursos económicos.
En el ámbito energético, la propuesta legislativa plantea que los inmuebles gubernamentales implementen sistemas de autogeneración de electricidad, principalmente mediante paneles solares. Esta medida responde a las recurrentes interrupciones en el suministro eléctrico que afectan a zonas de alta demanda, como Playa del Carmen. Al producir su propia energía, los edificios públicos disminuirían su dependencia de la red convencional, lo que permitiría liberar carga del sistema y mejorar la estabilidad del servicio para el resto de la población y el sector turístico.
La iniciativa, que se encuentra actualmente en revisión por la Comisión de Puntos Legislativos, contempla un análisis detallado del impacto presupuestal. Se evalúa la viabilidad técnica y financiera tanto en edificios propiedad del Estado como en inmuebles arrendados, priorizando aquellos donde el ahorro proyectado a mediano y largo plazo justifique la inversión inicial en infraestructura sustentable. Según el marco legal en desarrollo, esta transición no solo mitigará la contaminación local, sino que optimizará el gasto público en servicios básicos.
De forma paralela, el Congreso estatal avanza en una reforma a la ley educativa para transitar de un modelo donde la educación financiera es opcional a uno de carácter obligatorio. Mediante mesas de trabajo que han integrado a docentes, padres de familia y estudiantes, se busca establecer programas adaptados a cada nivel académico, desde primaria hasta preparatoria. El objetivo central es fomentar la cultura del ahorro y prevenir el sobreendeudamiento, una problemática creciente entre la juventud y las familias de la región.
Históricamente, los temas de administración económica han quedado supeditados al criterio de cada institución educativa. Con esta modificación legal, Quintana Roo pretende institucionalizar hábitos financieros sólidos que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas en la vida adulta. La legisladora Osorio Rosas destacó que existe un consenso favorable entre los distintos grupos parlamentarios para respaldar ambas propuestas, las cuales se prevé que sean sometidas a votación en el pleno tras concluir los dictámenes técnicos correspondientes.
