En Nuevo León, el Congreso del Estado se encuentra próximo a dictaminar una serie de reformas que buscan frenar los abusos de las compañías aseguradoras, particularmente en perjuicio de personas en situación vulnerable debido a condiciones genéticas. Desde el 1 de diciembre, una propuesta legislativa se encuentra en análisis en las comisiones unidas de Salud y Bienestar, y se prevé que en febrero, con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, se someta a votación en el pleno. Este paquete de reformas pretende evitar que las aseguradoras discriminen a quienes presentan condiciones como autismo o síndrome de Down, siguiendo la misma línea de debate que se desarrolla a nivel nacional en el Senado y la Cámara de Diputados, donde se busca impedir prácticas abusivas en costos y procedimientos de aseguramiento.
La iniciativa en cuestión fue presentada por la diputada local Greta Barra, de Morena, en colaboración con el ciudadano Raúl Cantú, padre de la bebé Milena, quien se convirtió en símbolo de esta problemática al revelar públicamente que varias aseguradoras se negaron a vender una póliza para su hija recién nacida, diagnosticada con síndrome de Down. Barra subrayó que si bien el Estado no puede intervenir en la regulación mercantil directa de las aseguradoras, sí tiene la facultad de legislar en materia de discriminación. Por ello, la propuesta contempla reformas en tres leyes estatales, para que ninguna persona pueda ser rechazada por una aseguradora únicamente por su condición genética, una práctica que hasta ahora ha dejado a muchas familias sin acceso a servicios fundamentales.
De acuerdo con la diputada Barra, la discriminación por condiciones genéticas como el autismo o el síndrome de Down no tiene fundamento médico para justificar la negativa de un seguro, ya que estas condiciones no implican necesariamente una mayor propensión a enfermedades o accidentes. La legisladora enfatizó que, a diferencia de padecimientos médicos como la diabetes, que sí pueden incrementar el riesgo, la genética no debe ser un criterio válido para excluir a alguien de la protección de un seguro. Asimismo, señaló que muchas familias enfrentan no solo la discriminación institucional, sino también un estigma social que genera sentimientos de vergüenza y exclusión, reforzando la urgencia de una legislación que reconozca y proteja sus derechos.
La reforma propuesta incluye la actualización de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ampliando la definición de acto discriminatorio para abarcar cualquier restricción injustificada en el acceso a seguros médicos o de vida. También se busca modificar la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con Condición del Espectro Autista, garantizando que el diagnóstico no pueda ser motivo automático de rechazo por parte de las aseguradoras. Finalmente, en la Ley para la Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad se plantea una prohibición directa y explícita contra cualquier forma de discriminación en la contratación de seguros, estableciendo obligaciones claras para las empresas del sector y mecanismos para evitar decisiones basadas en prejuicios o estigmas sociales.
El avance de estas reformas es visto como un paso crucial para garantizar la igualdad de derechos y la inclusión de personas con condiciones genéticas en el sistema de aseguramiento. La iniciativa no obliga a las aseguradoras a cubrir a todas las personas, pero sí exige que cualquier evaluación de riesgo se base en criterios médicos objetivos, sin recurrir a estereotipos ni exclusiones automáticas. Además, la propuesta contempla la actualización de la definición legal de discapacidad, adecuándola a los estándares internacionales y reconociendo explícitamente el derecho de las personas neurodivergentes a contar con seguros de salud y vida. De aprobarse, este paquete legislativo pondría a Nuevo León a la vanguardia en materia de inclusión y no discriminación en el sector asegurador, marcando un precedente para futuras reformas a nivel nacional.
