El Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), realizó la entrega de 80 unidades habitacionales en este municipio, como parte de una estrategia integral que proyecta la edificación de 62 mil casas en Quintana Roo. Este acto representa el avance de un programa de justicia social que busca abatir el rezago histórico en materia de vivienda digna, priorizando a las familias trabajadoras que sostienen la economía del principal destino turístico del país.
La relevancia de esta entrega radica en su alineación con el programa federal de vivienda para el bienestar, el cual busca garantizar que el crecimiento económico de la región se traduzca en una mejor calidad de vida para sus habitantes. Con la meta de alcanzar las 62 mil viviendas durante la presente administración, las autoridades pretenden ofrecer soluciones habitacionales accesibles y con servicios básicos garantizados, reduciendo así los asentamientos irregulares que han proliferado debido a la alta demanda de suelo urbano.
Durante el evento de entrega, se destacó que estas nuevas residencias forman parte de un modelo de desarrollo urbano ordenado, donde la infraestructura habitacional se integra con áreas verdes y espacios públicos funcionales. La mandataria estatal, Mara Lezama, subrayó que la colaboración con el Infonavit es clave para agilizar los créditos y asegurar que los trabajadores del sector servicios tengan acceso a un patrimonio propio, cerrando la brecha de desigualdad en una zona donde el valor de la tierra ha incrementado aceleradamente.
Históricamente, el acceso a la vivienda en Quintana Roo ha enfrentado desafíos significativos debido a la presión demográfica y la especulación inmobiliaria. Los antecedentes de esta problemática muestran que miles de empleados del sector turístico carecían de opciones de financiamiento acordes a sus ingresos. El actual convenio entre el estado y la federación busca revertir esta tendencia mediante la simplificación administrativa y la reserva de terrenos adecuados para desarrollos populares, asegurando que la vivienda sea un derecho y no un privilegio de mercado.
Finalmente, las autoridades informaron que la meta de 62 mil viviendas se desarrollará de forma progresiva en los once municipios de la entidad, con un enfoque especial en las zonas de mayor crecimiento como Solidaridad y Benito Juárez. Se espera que estas acciones no solo brinden seguridad jurídica a las familias beneficiadas, sino que también generen una importante derrama económica y empleos directos en el sector de la construcción local, fortaleciendo el tejido social en el Caribe Mexicano.
